La recientemente aprobada Ley de Urbanismo de las Islas Baleares pretende reforzar el ámbito de la Disciplina Urbanística implantando nuevas medidas como la competencia del Consell Insular directa o indirecta (Agencia de Disciplina Urbanística) en suelo rústico protegido, una mayor claridad a la hora de subrogación de competencia ante la pasividad municipal , un régimen más dinámico en la concesión de autorizaciones para dar cumplimiento a las órdenes de restablecimiento de la legalidad, facilitar y clarificar la labor inspectora , entre otros.

Sin perjuicio de las medidas y medios que desarrolla la ley, también contempla un distinto régimen de bonificaciones en las sanciones que se impongan por razón de las infracciones urbanísticas que seguidamente se enumeran. Tienen como finalidad:

• Reducir expediente mediante la aceptación voluntaria de los hechos.
• Fomentar las actuaciones voluntarias de legalización.
• Fomentar las actuaciones voluntarias del restablecimiento de la legalidad.

En el primero de los supuestos nos encontramos con el reconocimiento voluntario de la responsabilidad y renuncia expresa a cualquier acción o recurso contra la sanción que conllevará una bonificación del 20% del importe de la multa. Si, en el caso anterior, el reconocimiento va acompañado del pago, la bonificación será del 40% de forma que únicamente se abonará el 60% de la sanción correspondiente.

Respecto de la legalización, la sanción se reducirá un 95% si se solicita y obtiene la legalización dentro del plazo concedido por la Administración (2 meses). La bonificación será del 80% si la legalización se solicita una vez transcurrido el citado plazo de 2 meses. El restablecimiento de la realidad física alterada antes de que se dicte la resolución que la ordena conllevará una reducción en la sanción del 90%, si este restablecimiento de la realidad tiene lugar después de la resolución , pero dentro del periodo voluntario, la reducción será del 80%.

Con ello se trata de provocar que sean los administrados los que voluntariamente realicen las actuaciones de adecuación a la legalidad, viéndose con ello beneficiados con importantes reducciones en la correspondiente sanción.