Entrevista a Julio Capilla, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas en Balears y socio de RSM en Palma

Denos su impresión sobre estos dos años que lleva al frente de los auditores de Baleares.

Después de muchos años sin elecciones al haberse consensuado una candidatura única, se celebraron unas hace dos años. Fue todo un orgullo que mis propios compañeros nos eligieran a mí y al resto de miembros de la candidatura. Fue en ese momento cuando empezó el reto. Ésta es una profesión que a veces está en el disparadero siendo criticada por desconocimiento de nuestra actividad y una de nuestras obligaciones principales es darnos a conocer para que la gente sepa qué hacemos, por qué lo hacemos y qué sentido tiene. Por eso estamos muy abiertos a las entrevistas, colaboraciones con medios… Por lo tanto, un objetivo prioritario es que la sociedad nos conozca mejor y entienda el valor que aportamos a los negocios y a las transacciones empresariales.

Otro objetivo que hemos perseguido durante este tiempo es el de mantener la formación a nuestros colegiados como un elemento clave para la aportación de ese valor que comentaba. En nuestra profesión, como en la abogacía, se valora el servicio que prestas y que, a su vez, estés aportando valor al cliente. Eso no puedes hacerlo sin tener una buena formación empresarial, conocimientos jurídicos, conocimientos en nuevas tecnologías… Es cierto que el auditor tiene que ser independiente respecto a su cliente, pero eso no impide que podamos ir de la mano ejerciendo de asesores cuando éstos están interesados en nuevos mercados, inversiones… Cuánto mejor y más formado estés, más puedes aportarle y ayudarle.

Por último, necesitamos saber qué pasa con nuestra profesión en el futuro. En el estudio que se ha hecho a nivel del estado de la auditoría en España desde el punto de vista demográfico hay una pirámide invertida, con mucha gente experimentada que se irá retirando con el tiempo. Hay que intentar que los universitarios de hoy vean la auditoría como una profesión de futuro atractiva para su desarrollo profesional. Además, no hay paro porque la necesidad que tenemos de recursos hace que la oferta sea mayor que la demanda. Cada año entran nuevos auditores en los despachos.

En qué situación actual se encuentra el sector de la auditoría en esta comunidad y en España en general. Es decir, qué amenazas y oportunidades hay que tener en cuenta.

La primera gran amenaza es la que acabamos de plantear: no ser suficientemente atractivos para los jóvenes, que son los que deben nutrir el futuro de la profesión, y que éstos no perciban lo interesante que es la auditoría como una salida profesional. Además, somos una cantera para las empresas, la mayoría de los directivos mallorquines se nutren de auditores. Tenemos la ventaja de que si no te gusta dedicarte a la auditoría podrás encontrar trabajo en otro sitio dado el valor técnico y las habilidades directivas que aportamos a las empresas.

Si queremos fomentar y atraer el talento joven hay que pagarlo bien y el cliente debe entenderlo

Por otro lado, si queremos fomentar y atraer el talento joven hay que pagarlo bien, y eso es algo que los clientes deben entender. Nuestro trabajo cuesta horas y mucha formación de nuestros equipos, por lo que el servicio debe prestarse a un precio competitivo. Nuestros clientes están cada vez más en proyectos empresariales y operaciones societarias complejas fuera de España, por lo que hay que estar al corriente de normativa contable de otros países y otras muchas materias e invertir tiempo en estudiar. Todo esto repercute en el coste del servicio que los clientes deben pagar si quieren calidad. Si no podemos prestar un servicio de calidad con garantías y bien remunerado seremos profesionales que prestan un servicio lowcost, y eso no puede ser. Cuando firmamos un informe tenemos la responsabilidad de asegurar que los números están bien, porque en caso contrario puede tener problemas nuestro cliente y todo el equipo de auditoría. El auditor es quién da garantía de que los números de una empresa son correctos de cara a los usuarios de esa información que son los accionistas, los empleados, los bancos, la sociedad en general… Ese tipo de responsabilidad vale horas, dedicación, un equipo formado y actualizado… Todo esto tiene un coste. Una actividad que no vela por su rentabilidad tiene los días contados, más aún si no prima la calidad del servicio.

Otra amenaza vigente es la de no saber adaptarnos a las nuevas tecnologías: utilizar eficientemente la información de cada compañía, que cada vez más maneja un volumen ingente de datos, uso del software adecuado para el tratamiento de estos datos… Adaptarnos a las nuevas tecnologías es una oportunidad para que se vea la auditoría como una profesión sostenible y que puede dar mayor calidad de servicio al cliente.

Además, la profesión de auditor está muy regulada, no sólo por el ICAC, sino también por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores… Hay muchos organismos públicos observando lo que hace el auditor. Después de la crisis financiera se dijo que faltaba garantía de transparencia, por lo que se nos apretaron un poco las tuercas desde un punto de vista regulatorio. Eso provoca que hoy en día ya no tenga sentido que el auditor trabaje solo, se necesita un equipo humano y estructura suficiente y adecuada para atender a las exigencias regulatorias y a las demandas del mercado. Se demanda que seamos mucho más competitivos y que nos asociemos o fusionemos con otras empresas del sector. Es una gran oportunidad para empresas pequeñas de auditoria que estaban muy solas en términos de recursos y ahora podrán acceder a clientes mayores por la vía de alianzas empresariales dentro de nuestro sector.

Cómo debe ser el papel de las empresas auditoras para lograr que el sector público rinda cuentas a sus ciudadanos con la máxima transparencia.

En julio de 2018 entrará en vigor una ley en relación al control interno de las entidades del sector público local que va a exigir más en relación a que las administraciones públicas se auditen, sobre todo a los ayuntamientos y en concreto a sus entidades relacionadas. Es una de las demandas que hemos estado haciendo porque creemos que no tiene ningún sentido que los ayuntamientos no se auditen. Empresas mercantiles como puede ser Emaya sí lo hace, pero la corporación, el ayuntamiento final, tiene unos gastos públicos para dar servicio al ciudadano que se nutre de los ingresos de nuestros impuestos y eso no se audita. El ayuntamiento dice que tiene la intervención de cuentas que le revisa, pero es algo que se hace sin que intervenga una auditoria externa que garantice la aplicación de una metodología y unos procedimientos. Además salen los resultados o las conclusiones normalmente con mucho retraso. Si los interventores no llegan, que externalicen parte de esa función y cuenten con los auditores externos para que el ciudadano tenga a tiempo esa información que garantice la transparencia y pueda saber en qué gastos se han destinado sus impuestos.

Por otro lado, habría que empezar a ver al auditor como un profesional preparado y experimentado en las auditorías operativas. Nosotros vemos y vamos a muchas empresas del sector privado y del sector público. Ello nos permite analizar muchos procesos y formas de actuar y poder extraer las mejores prácticas. Sabemos que en ocasiones el sector público es ineficiente porque hay duplicidad de funciones, problemas de control… Temas que deben mejorarse mucho y en los que podríamos ayudar aportando conocimiento y experiencia. Lo mismo que se le exige al sector privado debería exigírsele al sector público, que lleva años viviendo en una situación en la que se toman medidas de carácter cortoplacista sin atender a reformas de mayor calado que derivasen en permitir tener un sector público más eficiente, rentable y productivo.

La introducción por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha reforzado a que las empresas españolas de cualquier tamaño cuenten con programas de compliance. ¿En qué consiste esto y cómo afecta internamente a la organización de las sociedades?

Siempre existe el riesgo de que se salten los controles y se cometa un delito pero ese riesgo hay que minimizarlo

A nivel empresarial puede existir la figura de un socio administrador, la de un administrador único o incluso el consejo de administración. Cualquiera de ellos tiene que administrar con diligencia y buen hacer y su figura se ha visto envuelta en algunos escándalos durante los últimos años por no ejercer con la debida responsabilidad sus funciones. Había quien firmaba los números que reflejaban las cuentas anuales y después cuando se le pedían responsabilidades ante un conflicto se excusaba diciendo que sólo firmaba los papeles que le daban. La realidad es que el trabajo de un administrador consiste en algo más que firmar, el administrador es responsable de esos números y de cómo han llegado hasta ahí. La última gran modificación de la Ley de Sociedades de Capital, y esto es algo que la gente de Bufete Buades sabe bien, refuerza la responsabilidad de estos administradores como figura clave para la mejora del gobierno corporativo de las empresas. Está ligada con la reforma del Código Penal que dice que la sociedad puede estar imputada por un delito pero como la persona jurídica es un ente, va a delegar esa imputación en las personas físicas y administradores en el caso que se demuestre que no se establecieron los controles adecuados en una organización, que evitasen la posibilidad de comisión de determinados delitos económicos, societarios o no. Lo que debe hacerse desde la administración de la empresa es asegurarse de que la compañía cumple sus normas e implanta controles que eviten su incumplimiento. El empresario antes buscaba simplemente maximizar beneficios pero ahora lo que quiere es conseguir el mejor beneficio, que no es lo mismo.

El gobierno corporativo tiene dos premisas: cumplir los objetivos empresariales y hacerlo conforme al marco normativo que se te aplica. Hay que crear procesos para acreditar el porqué de cada acción, que se cumplen unos controles, que hay un proceso interno de revisión… Imponer medidas que eviten que en caso de que algo se incumpla nadie asuma responsabilidades. Es evidente que se puede cometer un delito en cualquier empresa, pero por lo menos se habrán puesto las medidas necesarias para tratar de impedirlo. Si no has puesto un mínimo de diligencia en tu administración es cuando entra en acción la reforma del Código Penal y puedes ser imputado por no acreditar y demostrar que hiciste lo posible para evitar esa comisión del delito. Si se han tomado todas esas medidas necesarias ello supondrá un atenuante ante el juez pues actuaste adecuadamente imponiendo medidas y controles. El riesgo cero no existe, siempre existe un riesgo de que se salten los controles y se cometa un delito pero ese riesgo hay que minimizarlo lo máximo que se pueda.

Como socio de la oficina de RSM Spain en Palma ha colaborado profesionalmente con Bufete Buades. ¿A cuándo se remonta dicha relación y qué valoración haría de esa experiencia?

El origen de la relación se remonta a hace unos años en que nos encontramos profesionalmente ya que tenemos clientes en común, Bufete Buades ejerce como asesor legal de referencia y nosotros les auditamos.

Creemos en las colaboraciones con otras empresas de prestación de servicios profesionales, en reunirse con ellas y repartirse tareas según la especialidad de cada uno que beneficien a nuestros clientes comunes. Bufete Buades comparte ese punto de vista y eso, junto la satisfacción de nuestros clientes comunes, nos ha dado la confianza de seguir trabajando juntos en esta línea.

Colaboramos con Bufete Buades aportando una visión auditora y ellos nos ofrecen una más jurídica

Otro nexo de unión lo ha supuesto todo lo que tiene que ver con el compliance. Joan Buades y Llorenç Salvà vieron la necesidad que tienen las empresas que ellos asesoran de implantar estos modelos en los que el bufete aporta el asesoramiento jurídico para dicha implantación y nosotros aportamos la metodología en relación a qué controles debe tener una sociedad para evitar que se cometan delitos en su seno. El problema del compliance es que todas las empresas que están consideradas de interés público como las cotizadas, ya están obligadas a realizarlo en un marco de exigencia de gobierno corporativo, pero las que no cotizan se muestran recelosas a su implantación. Pero poco a poco tanto Bufete Buades como nosotros estamos trabajando en hacerles ver la necesidad y el valor diferencial que atesoran si implantan modelos de estas características, además de cumplir con la normativa penal vigente.

Y así fue como nos unimos a Bufete Buades, colaborando en algo en lo que ellos necesitaban una visión más auditora y nosotros más jurídica a la hora de prestar un servicio de implantación de modelos de compliance. En ocasiones también colaboramos con los abogados del bufete y elaboramos informes periciales como peritos independientes en aquellos pleitos en que el despacho participa y así lo requieren.

No hay nada mejor que la confianza entre unos y otros, nos resulta mucho más valido un apretón de manos y ver que en su despacho tienen unas prácticas que congenian con las nuestras: rigurosidad, estar cerca del cliente, ayudarlo en sus problemas…

Cuáles son los próximos retos que afronta Julio Capilla como presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Baleares.

Queremos seguir siendo muy transparentes con nuestros colegiados, por lo que cada año sacamos una memoria anual de actividades, de lo que hemos hecho. Es una de las maneras de ser transparentes de cara a nuestros asociados, los que nos votaron y los que no.

Después está el reto de la formación, puesto que a medida que van cambiando las normativas hay que hacer cursos. Tenemos un programa por el que hacemos más de 90 horas al año en formación. Los auditores están obligados a acumular una formación mínima de 120 horas por trienio, con un mínimo de 30 anuales. Nosotros nos ponemos a 90, mucho más de lo que requiere la norma porque consideramos que es muy importante. No son formaciones únicamente de contabilidad, mercantil, fiscal… Cada vez ofrecemos más programas sobre gestión de equipos, gestión de despachos, temas comerciales…

Queremos seguir fomentando las alianzas en nuestro sector y hemos activado en nuestra web una posibilidad de encontrar oferta y demanda de firmas de auditores

En el tema de la gestión de recursos humanos, hay que pensar que los profesionales que ahora empiezan a trabajar no piensan igual que cuando yo entré. O sabemos gestionar esto con flexibilidad (por ejemplo el dilema vida privada vs. vida profesional que se puede resolver con el teletrabajo, etc.) o no podremos retenerlos. No se les puede tratar como hace 20 años. Todo esto hay que explicárselo a los auditores porque tendrán que hacer algo para que las nuevas generaciones se sientan cómodas y no se vayan de sus despachos. También es importante aprender a hablar en público, puesto que si tienes que intervenir en una reunión de un consejo de administración debes saber expresar ante sus miembros los resultados de la auditoría de forma clara y convincente, o, si estás en una sala de un tribunal de justicia, conseguir que el juez te entienda. En todo esto consiste la formación y supone un reto estar introduciéndola de forma atractiva en nuestros planes.

Otro aspecto es seguir defendiendo los intereses de nuestros colegiados en caso de conflictos. También ayudamos, como hemos comentado, en seguir fomentando las alianzas en nuestro sector y hemos activado en nuestra web corporativa la posibilidad de que se encuentren oferta y demanda de firmas de auditores. Por ejemplo, que en el caso de que alguien quiera vender su cartera de clientes porque vaya a jubilarse, se encuentre con alguien que desea comprarla para crear grupos o empresas de auditoría más grandes.

Por último, nos marcamos el reto de conseguir que el sector público entienda el porqué es necesaria la figura de un garante externo que dé fiabilidad a sus números y que el sector privado se tome la auditoría como un valor más que como una incomodidad. Me encantaría que muchas empresas que no están obligadas a auditarse lo hicieran para abrirse al mercado. Cada vez son más las pequeñas empresas que no tienen la obligación de hacerlo, las que se someten a ello voluntariamente para ganar credibilidad ante terceros interesados, más allá de los bancos y sus socios.