El abogado y socio de Bufete Buades, Mateo Juan, analiza para el digital jurídico A definitivas cómo, a raíz de las consecuencias que la pandemia del Covid ha tenido sobre la ejecución y equilibrio de los contratos públicos, muchas concesiones administrativas se han convertido prácticamente en ruinosas el último año. El RD 8/2020 implementó una serie de medidas tendentes a reparar -al menos en parte- dicho perjuicio, pero quedan muchos interrogantes en el aire: ¿es posible invocar el precepto si no ha mediado una suspensión total o parcial del contrato? ¿cabe solicitar una indemnización «strictu sensu»? ¿puede el órgano de administración elegir libremente optar por una prórroga de la concesión como única medida para paliar los efectos que la pandemia haya generado en el contrato?.