La socia directora de Bufete Buades, Marta Rossell, analiza para los lectores de la revista ‘Salut i Força‘ hasta dónde se extienden las responsabilidades legales para la Administración sanitaria en el supuesto de que se utilice un producto tóxico en alguna de sus tratamientos o intervenciones quirúrgicas. Señala Rossell que el Alto Tribunal «rechaza que el Servicio de Salud público demandado deba responder por el riesgo creado al permitir la utilización del gas tóxico por dos razones; (1) porque «la competencia para la autorización, homologación y control de los medicamentos y productos sanitarios corresponde, única y exclusivamente, a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios» (AEMPS); y (2) porque el riesgo no deriva de la aplicación del producto defectuoso —del acto médico—, sino de la fabricación del mismo así como de la falta de control por la Administración competente para ello«.