Marta Rossell, socia directora de Bufete Buades, analiza en el último número de la revista ‘Salut i Força‘ una reciente sentencia que establece doctrina al considerar que la responsabilidad de las lesiones provocadas por un producto defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización, debe recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencia para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios.