El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, instaurado en 2007 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La adopción, en 2008, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la “Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa” constituye uno de los ejemplos que ilustran el compromiso adoptado por Naciones Unidas en pos de la Justicia Social.

En síntesis, la Justicia Social se erige en principio fundamental que debe regir la convivencia entre naciones, promoviendo la igualdad de género y de derechos de pueblos indígenas y migrantes, así como la eliminación de las barreras que, por razón de edad, raza, etnia, religión, género, cultura o discapacidad, constituyen fuente de enfrentamientos. Así, el objetivo de la Justicia Social se centra en conseguir resultados equitativos a través, entre otros, de la protección social, el diálogo y la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.

La importancia de este Día para Naciones Unidas se justifica en la necesidad de promover la Justicia Social como medio indispensable para el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones, movilizando a la comunidad internacional para que adopte medidas encaminadas a la erradicación de la pobreza, la promoción del empleo decente, la igualdad entre sexos, el acceso al bienestar social o la igualdad de oportunidades.

Si bien el término “Justicia Social” se acuñó en el siglo XIX, no ha sido hasta la llegada del ya tan comentado y analizado fenómeno de la globalización cuando la Justicia Social ha devenido en necesidad más que en objeto de estudio filosófico o jurídico. Es cierto que la globalización ha traído consigo oportunidades, beneficios y desarrollo, pero a la vez ha conllevado el desplazamiento de industrias y trabajadores, el aumento de la competencia y la fuga de capitales, siendo que el resultado ha sido desigual entre países o regiones. Así, esta nueva era, en la que en muchos aspectos han desaparecido las fronteras, se caracteriza por el aumento exponencial de las desigualdades, los pobres son más pobres, la productividad desciende, la inestabilidad aumenta y el conflicto está servido. Lo vemos cada día en el periódico. Precisamente por todo ello, es ahora cuando más voces se alzan a favor de la promoción y defensa de la Justicia Social, es ahora cuando realmente este concepto adquiere una dimensión práctica, real y tangible.

Con motivo de la celebración del Día de la Justicia Social, ciudadanos de todos los países salen a la calle para reivindicar la conquista de los principios señalados.

Asimismo, se organizan encuentros y conferencias que debaten acerca del contenido de dichos principios e instan a las autoridades a adoptar las medidas pertinentes para la consecución de los ideales que propugna el concepto de Justicia Social.

Cada año Naciones Unidas designa un tema en torno al cual girarán los eventos e iniciativas que se adopten a raíz de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social. Concretamente, en 2016 los debates sobre Justicia Social se centrarán en la “transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos”. La idea es que todos reflexionemos acerca de cómo la actividad humana y el crecimiento descontrolado está alternando los sistemas ecológicos de subsistencia. El objetivo es “crear una prosperidad sostenible” mediante el cambio de la visión tradicional que tenemos de la economía. Ésta deberá respetar los límites del planeta y tener presente que el crecimiento deberá traer consigo la reducción de los riesgos ambientales como único modo de alcanzar el fin último que, en palabras de la ONU, no es otro que el bienestar humano real y sostenible.

Ciertamente, el concepto de Justicia Social reviste un carácter más filosófico que jurídico, y su determinación viene ineludiblemente acompañada de un fuerte componente ideológico. Si bien Aristóteles o Santo Tomás de Aquino ya definieron en sus obras el concepto de Justicia, no fue hasta mediados del siglo XIX, tal y como se ha indicado más arriba, cuando se utilizó por primera vez el término “Justicia Social”, cuando Luigi Taparelli señaló que “la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad (…)”.

Es indiscutible que a lo largo de la historia, y en mayor medida a raíz de la Revolución Industrial, el ser humano ha luchado por la consecución de los ideales de la Justicia Social. Sin embargo, a día de hoy seguimos sin poder afirmar que dicha lucha haya resultado un éxito, ya que la Justicia Social aún brilla por su ausencia. Buscamos la Justicia Social porque somos conscientes de las desigualdades que nos rodean, de los conflictos, tanto a nivel local como mundial, que dicha desigualdad desencadena, y porque anhelamos una sociedad mejor.

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Es verdad que la Justicia Social se antoja un asunto a tratar en grandes foros con ocasión de encuentros o conferencias organizadas por instituciones internacionales, en las que se habla mucho pero se decide poco. Los ponentes divagan sobre la importancia de promover un desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, reducir las desigualdades… Pero no se adoptan medidas concretas para ello. Deberán ser los poderes públicos quienes decidan acometer las acciones específicas a través de las pertinentes modificaciones legislativas, pero no únicamente ellos, ya que todos los operadores económicos deberían participar de ello.

Con ocasión de la temática que este año preside la celebración del Día Mundial de la Justicia Social, la OIT ha publicado las “Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos”, donde se contemplan una serie de medidas concretas y principios rectores a aplicar por gobiernos e interlocutores sociales, tales como ofrecer incentivos financieros a las empresas que adopten prácticas respetuosas con el medio ambiente, o brindar asesoramiento y apoyo técnico a dichas empresas para la implementación de dichas prácticas “verdes”. Si no nos ceñimos al ámbito medioambiental específico de dichas Directrices, vemos que en última instancia todos podemos aportar nuestro granito de arena en pro de la Justicia Social y asumir nuestra responsabilidad en función del rol que desempeñamos, ya seamos empresarios, trabajadores o, como en nuestro caso particular, nos dediquemos al mundo jurídico, desde el cual podemos contribuir a que el ideal de Justicia Social quede un poco más cerca.

Afortunadamente, parece que la sociedad en general, y los operadores jurídicos y económicos en particular, son cada vez más conscientes de la necesidad de eliminar o, al menos, reducir, las barreras de las que hablábamos al inicio de este artículo. Así, por ejemplo, podemos citar ciertos cambios legislativos, como los previstos en la conocida como Ley de la Segunda Oportunidad, y en cuya esencia se encuentra precisamente el concepto de Justicia Social, y ello sin olvidar el importantísimo papel que juegan los Jueces en este campo, al aplicar e interpretar el cuerpo legislativo que constituye nuestro ordenamiento jurídico. Veremos si estas iniciativas contribuyen efectivamente al objetivo pretendido… pero esto ya es otro tema y objeto de otro debate.